APROFORT asistió a varias organizaciones en la presentación de una comunicación ante la Comisión Sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de ONU donde se exponen algunos de los graves problemas a los que se enfrentan las mujeres en Guinea Ecuatorial.
La Comisión Ecuatoguineana de Juristas, EG Justice, Somos Parte del Mundo, la Asociación Africana de Educación para el Desarrollo (con estatus consultivo en el ECOSOC) y la Asociación de Apoyo a la Mujer Africana esperan que las autoridades de Guinea Ecuatorial tomen medidas de protección de la mujer, así como medidas que eliminen las diversas formas de discriminación que padecen.
El documento de 8 páginas presenta algunos de los casos de discriminación que sufren las mujeres de Guinea Ecuatorial como la violencia y discriminación en el entorno familiar y por las instituciones; casos de violencia y discriminación contra las mujeres con discapacidad; y casos de violencia y discriminación por la orientación sexual. Destaca también la imposición multas ilegales a las detenidas por “derechos de celda”, una práctica habitual que supone un ejemplo más de corrupción.
Para la elaboración del informe se ha contado con la contribución de miembros de la sociedad civil, se han organizado grupos de discusión con casi 40 líderes comunitarios, docentes y jóvenes estudiantes. Además, se ha entrevistado directamente a casi 25 víctimas o testigos de diversos tipos de violaciones.
«Mi madre hizo que me arrestaran. Me arrestaron por ser homosexual, a mí y a mi pareja. Estuvimos dos semanas en prisión hasta que pagamos 40.000 francos centroafricanos», relata bajo anonimato un miembro de la comunidad LGBTQI+ de Guinea Ecuatorial.
«Me violaron. Tengo una hija pequeña como resultado de esa violación. Es una situación devastadora para mí. No quiero a esta niña, porque es hija de una violación», dice una mujer con discapacidad.
De los grupos de discusión con líderes comunitarios, estudiantes y docentes: 25 de los 40 indicaron que la violencia de género es uno de los principales problemas que advierten en sus barrios, por delante de la drogadicción y los robos con violencia también prominentes entre las preocupaciones de la ciudadanía.
«Soy madre a la fuerza. Mi familia me obliga a cuidar del niño. No sé quién es el padre y no tengo dinero para cuidar del bebé», se lamenta una mujer LGBTQI+, siempre bajo el manto del anonimato. «No sé dónde está mi bebé. Me lo robaron al nacer», dice otra.
El gobierno se comprometió en varias ocasiones elaborar leyes de protección ante la violencia contra la mujer, pero no se han promulgados leyes adecuadas. Por otra parte, las leyes ya existentes que promueven la igualdad entre el hombre y la mujer, partiendo de la propia Ley Fundamental, no han conseguido que, en la práctica, las autoridades judiciales y de orden público hayan cambiado actitudes y decisiones discriminatorias para la mujer.
Se han recabado testimonios que relatan casos graves de torturas a manos de agentes de seguridad; también casos de discriminación y violencia contra las mujeres por su orientación sexual como la “maternidad forzada”; casos de violencia o acoso sexual contra menores; casos de discriminación y abusos contra mujeres con discapacidad; y casos de mujeres discriminadas en el seno de la familia: herencias, matrimonios precoces; o casos de extorsión sexual.
Guinea Ecuatorial ha ratificado la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW) y su Protocolo Facultativo. También ha respaldado diversas recomendaciones relacionadas con la eliminación de la discriminación de la mujer en el último Examen Periódico Universal.
Por otra parte, además de las recomendaciones acerca de la abolición de la pena de muerte de los países de la CPLP en el Examen Periódico Universal, varios países de la CPLP requerían a Guinea Ecuatorial mejorar en aspectos como la independencia judicial (Brasil), la mejora en la educación y la lucha contra los matrimonios precoces (Angola) o la creación de una institución nacional de derechos humanos independiente (Portugal).
A nivel nacional se han llevado a cabo algunas campañas destinadas a erradicar la violencia de género. Sin embargo, los casos de discriminación y, sobre todo, de violencia contra la mujer siguen proliferando. Los testimonios ponen al descubierto una situación de gravedad que requiere de medidas urgentes por parte de las autoridades.
La comunicación concluye con recomendaciones al gobierno con el fin utilizar los mecanismos judiciales para perseguir y sancionar los casos de violaciones de los Derechos Humanos de las mujeres; desarrollar programas de atención integral de las víctimas de dichas violaciones; aprobar una ley contra la violencia de género, así como aplicar las disposiciones existentes.
Finalmente se requiere al gobierno que promueva la utilización del protocolo facultativo de la CEDAW en el país. Estas recomendaciones deberían, en cualquier caso, ir acompañadas de medidas estructurales que garanticen la separación de poderes y la independencia judicial.
Lée el informe completo aquí.