En 2019, el Comité de Derechos Humanos de la ONU (CDH), el organismo intergubernamental dentro del sistema de las Naciones Unidas responsable de fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo y de abordar situaciones de violaciones de derechos humanos, hizo varias observaciones al gobierno de Guinea Ecuatorial relacionadas con el cumplimiento de los compromisos en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por Guinea Ecuatorial en 1986.
El nuevo informe de APROFORT publicado hoy abarca de 2020 a 2021 y destaca que se ha avanzado poco en el seguimiento de las recomendaciones del CDH, y que la situación en el país sigue exigiendo una mejora significativa, y coincide con algunas de las preocupaciones también expresadas en un reciente informe del Departamento de Estado norteamericano.
En el período que se examina, la pandemia mundial ha dado lugar a un aumento de las restricciones a los derechos fundamentales mediante la adopción de medidas de confinamiento o toques de queda que, en muchos casos, dieron lugar a multas ilegales o detenciones arbitrarias por no llevar mascarilla o malos tratos por saltarse los confinamientos, acciones consideradas contrarias al Pacto.
En marzo de 2021, las explosiones en un complejo militar en la ciudad de Bata causaron la muerte de más de 100 personas e hiriendo a casi mil más. Este hecho también tuvo un impacto en los Derechos Civiles y Políticos. Por ejemplo, el CDH expresó su profunda preocupación por la falta de independencia de la jurisdicción militar, la cual se utilizó para juzgar a los presuntos autores e impidió que las víctimas de las explosiones reclamaran daños y perjuicios. Por otro lado, hasta 18 personas de la misma familia víctimas de las explosiones fueron detenidas arbitrariamente en la prisión de Bata durante más de una semana, sin proceso judicial, acusadas de ocupar viviendas sociales vacías.
«El derecho a la vivienda es un derecho reconocido por las convenciones ratificadas por el país, sin embargo, todos los días se producen desalojos ilegales sin el debido procedimiento», dijo María Jesús Bikene, abogada de APROFORT. El informe tuvo en cuenta, entre otros, los casos de la clínica jurídica de APROFORT, que ofrece en Malabo asistencia jurídica a mujeres, niñas o activistas de derechos humanos entre otros colectivos vulnerables.
El CDH también expresó su preocupación en 2019 por las detenciones arbitrarias de activistas, la discriminación contra la comunidad LGTBQ+ o las redadas contra inmigrantes. Estas situaciones siguen ocurriendo, como han denunciado Joaquín Elo Ayeto, activista de la plataforma «Somos+», y Trifonia Melibea Obono de «Somos Parte del Mundo».
Por su parte Alfredo Okenve de CEIDGE, ONG cuya ilegalización fue cuestionada por el CDH, denunció que «la sociedad civil sigue estando limitada por numerosas restricciones y trabas administrativas, lo que viola los derechos fundamentales de asociación o de expresión y limita la plena participación de las ONG en la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)».
A pesar de no cumplir con el compromiso de abolir la pena de muerte, el informe destaca que no ha habido ninguna sentencia a la pena de muerte, aunque «ha habido presuntas muertes en comisarías o bajo las fuerzas de seguridad que no han sido aclaradas», dijo el Dr. Ponciano Mbomio, abogado y miembro de la Comisión Ecuatoguineana de Juristas, organización colaboradora en el informe.
«El fin de la pena de muerte debe ser una prioridad ya que no es concebible que, después de 8 años de ingreso en la CPLP, este compromiso no se haya cumplido. Desafortunadamente, ha habido escándalos de corrupción relacionados con Portugal y Guinea Ecuatorial desde entonces, un riesgo del que advertimos en el pasado», dijo Ana Gomes, ex miembro del Parlamento Europeo y destacada política portuguesa.
Entre las medidas positivas, cabe mencionar la promulgación de una ley anticorrupción, sin embargo, «la ley anticorrupción está una vez más estancada y no se implementa en la práctica», dijo Tutu Alicante de EG Justice. «Además, el programa de reformas acordado con el FMI incluye privatizaciones de áreas estratégicas e incluso sociales que serán un agravio más para la población en el futuro si no se cumple con la ley anticorrupción», agregó.
Según la Dra. Ana Lúcia Sá, investigadora del ISCTE (Instituto Universitario de Lisboa), «las perspectivas en los próximos años en el país no son muy positivas. Las reformas acordadas con la CPLP, o el FMI, son mucho más lentas que la carrera sucesoria a favor del hijo del actual presidente en el poder desde hace más de 40 años», dijo.
Karina Carvalho, directora ejecutiva de TI-Portugal, destacó que «este informe tiene como objetivo alentar a las autoridades a acelerar la implementación de las observaciones del CDH y, con carácter de urgencia, abolir la pena de muerte e implementar la ley anticorrupción».
Representantes de TI-Portugal esperan estar en Malabo a finales de Mayo con la intención de reunirse con las autoridades para debatir los resultados del informe e promover reformas.
Lea aquí el informe completo.