El Parlamento de Guinea Ecuatorial debe mejorar la ley anticorrupción y, para una eliminación completa de la pena de muerte en el país, además de la reforma del Código Penal, se debe reformar la constitución o ratificar Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte.
El pasado 23 de febrero el Tercer Viceprimer Ministro Tercero del Gobierno, encargado de Derechos Humanos, anunció de forma oficial la modificación del Código Penal de Guinea Ecuatorial donde se excluirá la pena de muerte. Esta es la primera vez que se anuncia en medios oficiales y por escrito el contenido esta reforma que ha entrado en el parlamento, un procedimiento que puede ser largo si se tiene en cuenta que tiene que pasar después por el Senado.
El senado también se encuentra en proceso de revisión del Decreto-Ley sobre Prevención y Lucha Contra la Corrupción aprobado por la cámara baja el en Julio de 2020. La abolición de la pena de muerte estaría incompleta si no se modifica también el Código de Justicia Militar.
El artículo 13 de la Constitución (Ley Fundamental) establece que se regulará por ley la pena de muerte. En la actualidad hay al menos 2 leyes vigentes que contienen la pena de muerte: el mencionado Código Penal que está siendo reformado, y el Código de Justicia Militar de 1945 aplicable a las fuerzas armadas y de orden público. Ambos textos, aun en vigor en Guinea Ecuatorial, pertenecen a la época de la dictadura franquista española.
La modificación del Código Penal eliminando la pena de muerte no impediría sentenciar a muerte a los militares cuando sean juzgados por la jurisdicción militar. Debe recordarse además que este Código de Justicia Militar de 1945 es tan anacrónico que prevé juzgar a civiles en algunos supuestos, algo que se ha venido haciendo en Guinea Ecuatorial.
La reforma del artículo 13 es posible con el voto afirmativo de tres cuartas partes de senadores y diputados (art. 133 .3 de la Ley Fundamental). Si bien, desde el Observatorio de Derechos Humanos y Buena Gobernanza de APROFORT, la ratificación del Segundo Protocolo facultativo de la convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos Civiles y Políticos sería el mecanismo más rápido para la abolición de la pena de muerte. En ambos casos se iniciaría un efecto de cascada jurídica que dejaría automáticamente sin efecto cualquier ley que incluyera la pena de muerte.
En cualquier caso, y para evitar una posible ejecución de esta pena en la justicia militar, es preciso que siga en vigor la moratoria o suspensión de la pena de muerte que ha estado vigente desde 2014 tras la accesión de Guinea Ecuatorial a la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa.
Código Penal obsoleto
El nuevo Código Penal es necesario porque el aplicable en la actualidad es el Código Penal vigente antes de la independencia de Guinea Ecuatorial de España en 1968, es decir, el Código Penal de la dictadura franquista. Este código obsoleto contiene multas en pesetas, por ejemplo, generando una gran inseguridad jurídica dado que los jueces no aplican un criterio de cambio lógico. La modificación en general del Código Penal, además de eliminar la pena de muerte, puede ser útil también para dar una mayor seguridad jurídica.
La ley anticorrupción puede ser mejorada
En Julio de 2020 se aprobó el Decreto-Ley Anticorrupción como parte del plan de buena gobernanza acordado con el Fondo Monetario Internacional. Este texto legal está siendo ahora revisado por el Senado, aunque por la naturaleza del instrumento, decreto-ley, se considera que ya es aplicable, así lo ha manifestado el Fiscal General de la República.
Sin embargo, como puntualiza la Comisión Ecuatoguineana de Juristas en su análisis, esta ley requiere de mejoras sustanciales. En concreto, se debe incluir reglas sobre extradición en casos de corrupción internacional; se debe evitar criminalizar a la sociedad civil ya que es un actor clave en la prevención de la corrupción como señala Naciones Unidas; se debe excluir a los abogados e investigadores en algunos delitos previstos porque podría ser contrario a la tutela judicial efectiva; y finalmente, la ley debería dejar claro si el presidente y el vicepresidente deben hacer una declaración de patrimonio como todos los demás funcionarios públicos.
Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional de 2020, Guinea Ecuatorial es percibida como uno de los países más corruptos de África.
Compromisos en DDHH y buena gobernanza de Guinea Ecuatorial
La abolición de la pena de muerte supondría el cumplimiento tanto de las promesas hechas ante las Naciones Unidas como ante la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP). La abolición de la pena de muerte fue una de las condiciones principales para admisión de Guinea Ecuatorial en la CPLP, teniendo en cuenta que la lengua oficial de Guinea Ecuatorial es el español.
Como se ha indicado, el acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno de Guinea Ecuatorial preveía la publicación de una ley anticorrupción. Este acuerdo tiene un valor de 282 millones de dólares desembolsados conforme se vayan cumpliendo los compromisos, de momento solo los iniciales 40 millones de dólares han sido desembolsados. El último análisis del Observatorio de DDHH y Buena Gobernanza de APROFORT concluyó que solo el 20% de ese acuerdo estaba siendo cumplido. Por último, tras la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción en 2018 y la Convención de la Unión Africana para Prevenir y Combatir la Corrupción en 2019, Guinea Ecuatorial se obligó también a elaborar una ley anticorrupción.
APROFORT es un proyecto financiado por la Unión Europea y tiene como objetivos que la pena de muerte sea abolida en Guinea Ecuatorial, la protección de activista y la promoción del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible entre los que se encuentran los de buena gobernanza.
Con la modificación del Código Penal y la aprobación de la revisión del Decreto-Ley Anticorrupción en curso, se estaría dando pasos hacia el cumplimiento de esos compromisos, si bien existe un amplio margen de mejora.
El proyecto del nuevo Código Penal que obra en el Parlamento para su estudio y aprobación no contempla la previa modificación del art. 13 de la Ley Fundamental, que también recoge la pena de muerte, por lo que debe insistirse en la previa modificación de la Ley Fundamental en cuanto concierne a la eliminación De la Peña de muerte. Pues, si sólo se aprueba el Código Penal sin modificar previamente la Constitución con el voto mayoritario establecido por el Parlamento, no se habría hecho nada. La modificación del art. 13 de la Ley Fundamental comprendería la eliminación De la Peña de muerte en toda la legislación penal de Guinea Ecuatorial, común y especial.